En este contexto global, otro factor que destaca, cuando
se trata de hablar de derechos de comunicación y ciudadanía, es el malestar que se
manifiesta respecto a la democracia
"realmente existente" en prácticamente todas las sociedades
bajo régimen democrático occidental, por supuesto
con el tono y dimensión a las particulares
dinámicas internas de ellas.
Haciéndose eco de esta realidad, la Agenda
Latinoamericana-mundial 2007 aborda esta temática con una
serie de reflexiones de diversos autores y autoras, comenzando
por las de su director, Pedro Casaldáliga (2006), quien
coloca una certera serie de preguntas: "¿De qué
hablamos cuando hablamos de democracia? La democracia actual, que
es la forma política común
de Occidente, en qué es o no es democracia.
¿’Votar, callar y ver la tele’, como
decía el humorista? La democracia que conocemos, para la
mayoría es fundamentalmente democracia electoral y aun con
todas las restricciones impuestas por el capital y sus
medios de
comunicación. No es democracia económica, ni
democracia social, ni democracia étnico-cultural. No es
democracia participativa, es, cuando mucho, delegada o
representativa; pero ¿representativa de qué
intereses y delegada con qué controles?"
Estas preocupaciones, en esencia, son las que condensan el
accionar público de una diversidad de movimientos y
organizaciones
ciudadanos que pugnan por una nueva democracia participativa,
bajo la premisa que los males de la democracia tienen que curarse
con más democracia. Pero el frente conservador ha
sostenido y sostiene que tal planteamiento no es viable porque el
exceso de demandas terminará provocando una sobrecarga del
sistema y la
consiguiente crisis de
autoridad o de
gobernabilidad –como suele decirse en el mundo
institucional-, por tanto, que la solución es menos
democracia, apelando a elites "lucidas" y mejores mecanismos
procedimentales.
La terca realidad, sin embargo, señala que la emergencia
de nuevos actores y discursos
políticos que desafían los causes institucionales y
al sistema de partidos, se ha traducido en importantes
redefiniciones de la agenda pública y, a la postre, de la
política institucionalizada. Y, a la par, resulta
sintomático que cada vez más la gente no se sienta
representada por los partidos
políticos, en la medida que son vistos más como
integrantes del aparato del Estado que
como canales de expresiones de la sociedad civil,
por la prioridad que dan a sus funciones
institucionales en desmedro de las que tienen que ver con la
vinculación social.
Es así que los partidos han dejado de ser el agente
único de mediación política, ante el
surgimiento de otros actores –particularmente los
movimientos sociales- que se presentan en sus antípodas: no jerarquizados, flexibles,
descentralizados, con rotación en puestos de mando,
propiciando la designación paritaria de género y
representación de minorías, exigiendo
transparencia, rendición de cuentas,
participación amplia en la toma de
decisiones, etc.
En América
Latina, con el retorno constitucional tras la larga y obscura
noche dictatorial, se establecieron "democracias de baja
intensidad", "democracias incompletas" y otras denominaciones
afines. La expectativa inicialmente generada, pronto dio paso al
desencanto, que ha ido en aumento, por cuanto en la región
se adoptan las políticas
de corte neoliberal diseñadas por el Consenso de Washigton
que han conllevado a una creciente concentración del
poder y las
riquezas, al empobrecimiento generalizado de las mayorías
y al deterioro de sus condiciones de vida. Esto es, las promesas
de bienestar de las reformas económicas neoliberales no
sólo que no llegaron, sino que, por el contrario, lo que
se ha producido es una mayor desigualdad
social, que ha colocado a los estratos medios en
situaciones de exclusión. Bajo estas condiciones, esas
grandes mayorías ciudadanas se han visto forzadas a
ocuparse de la sobrevivencia cotidiana, alejándose de
cualquier posibilidad de intervenir en los asuntos
públicos y en la toma de decisiones sobre los destinos de
la sociedad.
Como recientemente lo reconoció el ex secretario de la
OEA y ex
presidente de Colombia,
César Gaviria, en el foro "Globalización y Democracia" realizado en
Bogotá. "Al hacer un balance sobre los más de
quince años de aplicación del modelo
neoliberal en Colombia que él emprendió en 1990,
dijo: ‘reconozco mi cuota de culpa de haber creído
que esos cambios económicos iban a generar crecimiento
sostenido y mejoramiento de los indicadores de
la desigualdad y la
pobreza’, agregando que las reformas económicas
son importantes, pero no la tarea fundamental, y, dentro de lo
que catalogó como ‘factores no económicos del
crecimiento’, insistió en el papel del Estado y de
sus instituciones,
ya que la solución de los problemas
sociales depende que éste funcione y no empujar sin
criterio la privatización’". (Suárez
Montoya: 2006)
Daniel Campione (2006), analizando el proceso vivido
en Argentina, pero que perfectamente calza para el resto de
países latinoamericanos, señala: "La democracia
argentina de los 80-90 puede ser entendida, y así lo hacen
varios autores, como una democracia degradada, con las
instituciones avasalladas por el ‘decisionismo’
desplegado desde la conducción estatal, que rebasa
normas
jurídicas y manifestaciones de voluntad social contrarias
a las soluciones
elegidas. Más allá de cambios de orientación
en las políticas adoptadas, en más de un sentido
esa caracterización puede ser mantenida hasta el
presente.
"Sin embargo, nos inclinamos a pensar que operan
fenómenos más complejos y profundos: Asistimos a la
transformación del contenido de un régimen
político sobre una armadura jurídico-constitucional
que permanece intocada en lo sustancial. La representación
política (aun con todas las limitaciones de la democracia
parlamentaria) y el sentido amplio de ciudadanía, tienden
a debilitarse seriamente, a favor del imperio indiscutido de una
elite política sin otro compromiso firme que el de
‘procesar’ las orientaciones del gran capital. Se
espera que la dirigencia ponga toda su dedicación y
recursos para
contribuir a optimizar las posibilidades de obtención de
ganancias por la gran empresa en su
ámbito territorial, y para el ‘posicionamiento’ del país en el
mercado mundial,
adecuando en lo posible el desenvolvimiento ideológico y
cultural a esos requerimientos". Y más adelante
acota: "…la transición al régimen
democrático y su estabilización no les trajo
aparejada (a las clases subalternas) ninguna ventaja apreciable,
sino al contrario la persistencia del deterioro social y la
expansión de las carencias a sectores cada vez más
amplios".
Nuevos
protagonismos
El descontento con el funcionamiento de la democracia y
el incremento de la desconfianza frente a la institucionalidad y
los partidos políticos llevaron a que se ponga sobre el
tapete el tema de la "gobernabilidad", vista como el
gerenciamiento de mecanismos de control y
compensación social para evitar las repercusiones
perturbadoras de las inequidades y desigualdades sociales,
dejando de lado una cuestión central: el bloqueo de los
canales institucionales para procesar las demandas sociales. Y
es, justamente, ese bloqueo el que ha dado pauta para que se
proyecten movimientos sociales de los más diversos, y cada
vez más politizados, que más allá de sus
reivindicaciones específicas demandan reformas
políticas profundas, con la mirada en la
instalación de asambleas constituyentes que refunden la
democracia.
De hecho, estos movimientos se han constituido como espacios que
se sustentan en la construcción de ciudadanía,
reivindicando derechos en contraposición al clientelismo y
las dádivas o caridad de los poderes establecidos. Pero
además, un buen contingente le ha dado cara a la
globalización, estableciendo articulaciones
internacionales cuya expresión más significativa es
el Foro Social Mundial en donde se promueve la
construcción de una agenda social global, que por supuesto
incluye una agenda social en comunicación. La
globalización mirada desde este lado lo sintetiza el
eslogan de la Vía Campesina que dice: "globalicemos la
lucha, globalicemos la esperanza".
La irrupción de estos movimientos en la escena
política latinoamericana parece estar llevando a que
incluso dentro de los organismos multilaterales se trate de
afinar los enfoques, como lo insinúa la revista IDEA
del Banco
Interamericano de Desarrollo,
BID (2006), cuando señala: "Los movimientos sociales
han sido considerados tradicionalmente desviaciones de la norma;
producto,
básicamente, de la atomización, alienación y
frustración social. Pero un vistazo desde una nueva
perspectiva permite captar individuos que son racionales,
socialmente activos y bien
integrados a la comunidad, pero
ansiosos de hacer valer sus intereses a través de canales
distintos a los que ofrecen las instituciones establecidas. Dada
la naturaleza en
general pacífica y contenida de estos movimientos y el
apoyo de los medios de
comunicación, que contribuyen a darlos a conocer,
legitimarlos y amplificarlos, los movimientos sociales se han
convertido en un actor político complejo e
influyente". La nota tiene como destaque: "Las protestas
sociales se han convertido en un instrumento político
poderoso, capaz de derrocar presidentes".
En efecto, por acción
de estos movimientos un buen número de mandatarios de
varios países de la región han sido derrocados, en
la mayoría de casos vinculados a escándalos de
corrupción
(un componente muy presente en los procesos de
privatización), pero a ellos se debe también que en
los últimos años el mapa político haya
cambiado de color, ante la
presencia de gobernantes que apuntan a cambios o cuando menos
correctivos a las políticas dictadas por el Consenso de
Washington. En el año en curso, esta tendencia pudo
ampliarse mucho más, pero más pudieron procedimientos
con fuerte olor a fraude (Costa Rica,
Perú, México,
Ecuador),
dizque para "salvar la democracia". Como sea, en Latinoamérica y Caribe se perfila una
creciente, e inédita, reivindicación de
autonomía de los gobiernos respecto a Estados Unidos, que
abre la perspectiva de avanzar en la integración regional.
Tan solo para dimensionar este giro socialmente hablando, hoy
tenemos a un mulato gobernando en Venezuela; un
obrero, en Brasil; y un
indígena, en Bolivia. Y eso
hace que más allá de sus comportamientos
políticos, las elites los rechacen. De los tres, Lula es
sin duda quien más concesiones ha hecho, pero como anota
Boff: "Es notorio que nuestras elites políticas y
económicas se sienten incómodas con un obrero en la
presidencia. Ellas llevaron a cabo la Independencia
y proclamaron la República sin el pueblo y hasta contra el
pueblo. Nunca cultivaron una relación orgánica con
él. Al contrario, jamás lo reconocieron y
admiraron, con excepción de su carnaval y su
canción popular".
¿Dictadura
mediática?
Este contexto, de obvia polarización social, ha
repercutido sobre el sistema mediático, dando lugar a que
se considere que los grandes medios prácticamente han
pasado a ocupar el vacío que se ha creado por el
descalabro de los partidos del establecimiento, como
articuladores de este sector, lo cual ha redundado en su
creciente pérdida de credibilidad. De modo que el virtual
"consenso mediático" (a imagen y
semejanza del Consenso de Washington) establecido en la
región entre esos grandes medios, también se ha
visto afectado.
En este sentido la situación más relevante es la de
Venezuela, donde el 11 de abril 2002 fue escenario de un golpe de Estado
contra el presidente Hugo
Chávez, quien, en un hecho inusual, fue restituido al
poder por la reacción popular. Como han coincidido en
señalar un sinnúmero de analistas, se trató
básicamente de un "golpe mediático", por el rol que
jugaron en estos acontecimientos los grandes medios,
particularmente la TV.
Al analizar estos sucesos, Roberto Hernández Montoya
(2003), sostiene: "La singularidad de la Venezuela de abril
de 2002 es que lo esencial giró alrededor de los medios.
Fueron el campo de batalla y las armas de la
batalla al mismo tiempo. Los
militares dieron el golpe a través de los medios desde el
7 de febrero… (pero) Asimismo ocurrió con la
recuperación del poder por parte de Chávez.
También mediática… Pero fue mucho más,
porque el 12 y el 13 para la recuperación del poder
sí hubo desplazamientos no mediáticos; eso sí: mediante la
participación de medios no tradicionales".
Una situación parecida, con las particularidades del caso,
se había registrado el 19 y 20 diciembre 2001 en
Argentina, cuando las movilizaciones populares con sus
"cacerolazos" forzaron la salida del presidente Fernando de la
Rúa. Luego, habría de repetirse en Bolivia, en la
insurrección de octubre 2003 y en la de junio 2005, que
propiciaron la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada y
de Carlos Mesa, respectivamente, como también en la
rebelión ocurrida en Ecuador en abril 2005, donde el
presidente Lucio Gutiérrez corrió similar suerte.
Pero también ha sido una constante en México y
otros países. De ahí que no le falta razón a
Hernández Montoya cuando advierte: "Ya la amenaza no es de
las dictaduras clásicas solamente, sino de la dictadura
que instauran los medios, como han hecho en Venezuela".
En tal sentido, lo acontecido en los diversos procesos
electorales registrados en Latinoamérica en el curso de
este año, resulta muy ilustrativo. Para referirme tan solo
a la última contienda, que fue la realizada en Brasil, en
el acto de celebración por la reelección del
presidente Lula, apareció un tela que decía:
"el pueblo venció a los media", como denuncia al
rol jugado por éstos en la campaña. En efecto,
diversos analistas coinciden en señalar que los medios
forzaron la realización del segundo turno, entre ellos el
dueño de la empresa de
encuestas Vox
Populi, Marcos Coimbra, particularmente por la cobertura parcial
que realizaron en las vísperas del primer turno.
Por tal razón, diversos intelectuales
(más de 4.500) suscribieron el "Manifesto por uma
Mídia Democrática e Independente", en el cual,
apoyándose en cifras del Observatorio Brasileño de
los Media, señalan que la semana que antecedió al
primer turno se registró "una brutal escalada de
parcialidad e improbidad por parte de los grandes medios
brasileños". Según esas cifras, las notas
negativas sobre los dos candidatos más opcionados que
difundieron los cinco grandes periódicos se reparten
así: 226 para Lula y tan sólo 17 para Geraldo
Alckim. Y más adelante acotan: "Exigimos respeto al
principio de la igualdad de
condiciones –en este caso: de equilibrio
informativo en las referencias positivas y negativas para los dos
candidatos-, sin el cual no se puede hablar de elecciones libres.
Exigimos que cese inmediatamente el desequilibrio criminal en el
reparto de notas negativas y positivas entre los dos
candidatos".
En sus primeras declaraciones, el presidente brasileño
anticipó que en su segundo mandato impulsará la
reforma política y la democratización de la
comunicación, acogiendo el pedido que en tal sentido
vienen formulando movimientos sociales y ciudadanos, entre los
que destaca el Foro Nacional de Democratización de la
Comunicación (FNDC) constituido en 1991.
Un movimiento que
avanza
Como un signo de los nuevos tiempos, en la región
se puede apreciar que está ganando presencia
pública el debate sobre
los medios y la comunicación en general. La demanda de un
amplio debate sobre el tema ha sido una de los principales
planteamientos del movimiento por la democratización de la
comunicación, que se viene construyendo a partir del que
se formó para impulsar el Nuevo Orden Mundial de la
Información y la Comunicación
(NOMIC), cuyo coralario más significativo fue el Informe MacBride
(Un solo mundo, voces
múltiples).
Como se recordará, este informe fue aceptado por consenso
en la XXI Conferencia
General de la UNESCO realizada en Belgrado en 1975, pero no
implementado debido al enfrentamiento que provocó entre
países partidarios y adversarios, hasta la salida de
Estados Unidos
(1984) y el Reino Unido (1985) de ese organismo mundial como
medida de fuerza para
que éste modifique su agenda, como en efecto
sucedió. El polémico informe, basado en un estudio
riguroso, señalaba la necesidad de superar las
desigualdades y desequilibrios existentes en los ámbitos
de la comunicación, información y cultura entre
el mundo rico del Norte y el pobre del Sur, con énfasis en
el respeto al pluralismo y la diversidad. 26 años
después, las desigualdades y desequilibrios
señalados no solo que perduran, sino que se han
agravado.
No obstante los avatares en el plano oficial, y el sesgo
voluntarista e incluso elitista -al no apelar a la participación ciudadana– que
prevaleció, es justo reconocer que las ideas fuerza del
NOMIC calaron en espacios sociales por lo que, empatando con las
aperturas democráticas, por ejemplo, fue acogida la
proclama: "sin democratización de la comunicación,
no hay democracia", promovida por diversos actores sociales
vinculados a este sector, entre ellos el mundo de lo que se ha
dado en llamar "comunicación alternativa".
Es generalizada la duda sobre la utilidad y, por
tanto, sentido de las cumbres mundiales promovidas por Naciones Unidas.
Pero lo que no se puede desconocer es que éstas han
permitido catalizar procesos de convergencia de la sociedad
civil. Es así que, la confluencia de entidades
comprometidas en promover el derecho a la comunicación
logra cuajar, por primera vez, de cara a la Conferencia Mundial
de Derechos
Humanos celebrada en Viena, el mes de junio 1993. Uno de los
aportes en tal sentido fue el Encuentro Latinoamericano de
Medios de Comunicación Alternativa y Popular"
(Quito, 19-23
abril 1993), que formuló una propuesta a dicha Cumbre para
que se afirme y fortalezca el Derecho a la
Comunicación.
En 1998, coincidiendo con el 50 aniversario de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, en Ottawa,
tiene lugar el Foro Mundial Viena+5, para hacer el
balance desde la sociedad civil, donde se reafirma la demanda por
el Derecho a la Comunicación y se exhorta a Naciones
Unidas que convoque a una Conferencia Mundial de la
Comunicación, con amplia participación de la
sociedad civil.
Esta vez, la demanda por el Derecho a la Comunicación fue
formulada como "una aspiración que se inscribe en el
devenir histórico que comenzó con el reconocimiento
de derechos a los propietarios de los medios de
información, luego a quienes trabajan bajo relaciones de
dependencia en ellos, y, finalmente, a todas las personas, que la
Declaración Universal de Derechos Humanos, en su
Artículo 19, lo consignó como el derecho a la
información y a la libertad de
expresión y opinión. Parte de una
concepción más englobante de todos los derechos
reconocidos y reivindicados en torno a la
comunicación, que incorpora de manera particular los
nuevos derechos relacionados con el cambiante escenario de la
comunicación, y un enfoque más interactivo de la
comunicación, en el cual los actores sociales son sujetos
de la producción informativa y no simplemente
receptores pasivos de la información. Asimismo, asume que
el reconocimiento de este derecho es necesario al ejercicio de
los demás derechos humanos y un elemento fundamental de la
vigencia democrática". (León: 1998)
En este marco, y en conexión con el evento en Ottawa,
también se realizó, en San Salvador, El Salvador
(9-11 septiembre 1998), el Foro Internacional:
Comunicación y Ciudadanía, que tuvo la
particularidad de propiciar una confluencia entre el mundo de la
comunicación y los movimientos sociales, asumiendo que la
lucha por la democratización de la comunicación
precisa ir más allá de los sectores involucrados
directamente en este campo, para que se convierta en bandera de
todos los movimientos sociales y ciudadanos. Esto es, ahí
se tendieron puentes para una interacción que ha prosperado
significativamente con el devenir del tiempo.
El pedido de la Conferencia Mundial de Comunicación
formulada por la sociedad civil coadyuvó para que el
organismo mundial –que había decidido suspender
la
organización de cumbres mundiales- convoque a la
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI).
Y bueno, en la fase preparatoria surge la Campaña por
los Derechos de la Comunicación en la Sociedad de la
Información (CRIS, por su sigla en inglés), impulsada sobre todo por entidades
de Europa y América
Latina que ya venían convergiendo en torno a anteriores
iniciativas -sea eventos
puntuales, redes o plataformas-; en la
cual encontraron por primera vez un espacio de
aglutinación común que planteaba una convocatoria
mundial. Vale anotar que tal campaña fue lanzada en el
marco del Foro Social Mundial 2002, realizado en Porto
Alegre.
Hablando de
derechos
Con la Campaña por los Derechos de la
Comunicación en la Sociedad de la Información
se estableció una plataforma clave para promover un
enfoque de derechos en la CMSI, como alternativa a la
visión tecnologista que primaba en la convocatoria de
ésta. Por lo mismo, le correspondió asumir un
cierto liderazgo
entre sectores de la sociedad civil que coincidían en esta
meta.
Si bien muchos de los actores de CRIS siguen defendiendo el
concepto del
"derecho a la comunicación", el término
"derechos de la comunicación" (communication
rights) fue preferido en el contexto de la CMSI por ser
percibido como menos polémico, y por lo tanto, de
más amplia convocatoria. Además, se llegó a
un consenso entre actores de la sociedad civil de que, antes de
plantear nuevos derechos internacionales (tarea que, de todas
maneras, no figuraba en el mandato de la Cumbre), lo urgente era
lograr garantías para el pleno ejercicio de los derechos
ya reconocidos, lo cual está aún lejos de ser una
realidad. Vale aclarar que en inglés, el derecho a la
comunicación, se traduce the right to
communicate. El uso del verbo le da una connotación
más proactiva ("el derecho a comunicar").
(Communication rights traducimos como "derechos de la
comunicación", pero a veces se traduce "derechos a la
comunicación").
Cabe recordar que el concepto del derecho a la
comunicación fue acuñado en el marco del NOMIC, en
los años 70 y 80, y estuvo al centro de la disputa en la
UNESCO señalada anteriormente. El informe de la
Comisión MacBride a la Asamblea General de 1975,
señala: "Nuestras conclusiones están fundadas
en la firme convicción que la comunicación es un
derecho individual básico así como un requerimiento
colectivo de todas las comunidades y naciones. La libertad de
información –y más específicamente el
derecho a buscar, recibir e impartir información- es un
derecho fundamental, y, por cierto un pre-requisito para muchos
otros. La naturaleza inherente a la comunicación, su pleno
ejercicio y potencial dependen del entorno político,
social y de las condiciones económicas (…). Es en este
contexto que la democratización de la comunicación
en los niveles nacional e internacional, así como el
más amplio rol de la comunicación en democratizar
la sociedad, adquieren la máxima importancia".
(Citado por Burch, S et al:2004).
En ciertos sectores del entorno de Naciones Unidas, el
término "derecho a la comunicación" sigue
siendo asociado a una lectura
sesgada del NOMIC, promovida por sus detractores. Ello
contribuyó a agudizar el debate sobre el tema en el marco
de la propia CMSI. Finalmente se evitó la referencia
directa, reteniendo la definición: "La
comunicación es un proceso social fundamental, una
necesidad humana básica y el fundamento de toda organización social.", como reza
en el párrafo
4 de la Declaración de Principios de la
Cumbre.
Si bien ningún instrumento internacional reconoce,
hasta ahora, el derecho a la comunicación, sectores que
defienden la democratización de la comunicación
siguen argumentando la necesidad de formular un nuevo derecho en
el marco de la ley
internacional, que, partiendo del marco jurídico
internacional existente, establecería un "derecho a la
comunicación" como derecho inalienable de todas las
personas. Esta posición reconoce que diversos derechos
humanos existentes son componentes clave de éste, pero que
un derecho explícito a la comunicación los
reforzaría, conceptualmente y en la práctica. Sin
embargo, la definición precisa de este derecho queda
todavía por elaborar.
El término "derechos de la
comunicación", en cambio, al
utilizar el plural, apunta implícitamente hacia los
derechos existentes que se relacionan con la comunicación.
Si bien el énfasis se desplaza hacia la plena
realización de los derechos de la comunicación ya
reconocidos en instrumentos internacionales y nacionales, -y ya
no en establecer un nuevo marco global de derechos- sin embargo,
deja entreabierta la puerta a la eventualidad de plantear, a
futuro, nuevos derechos, correspondientes a las nuevas realidades
comunicacionales.
En tal sentido, como escribe Seán O'Siochrú
(2005), de la Campaña CRIS, "El llamado a la
realización de los derechos de la comunicación, y
la reafirmación de que cada cual tiene -o debe tener- un
derecho a la comunicación, son demandas plenamente
complementarias. El 'derecho a la comunicación' se puede
emplear como un grito informal de movilización para la
incidencia pública; pero también puede ser
utilizado con un sentido legal formal, con un estatus similar a
otros derechos fundamentales, consagrados en el derecho
internacional. Los derechos de la comunicación se
relacionan en forma más inmediata con un conjunto de
derechos humanos existentes, que a mucha gente están
vedados, y cuyo significado completo solo puede realizarse cuando
se los considera juntos, como un grupo
interrelacionado".
Así, la libertad de expresión, tal como
está reconocida en instrumentos internacionales como la
Declaración Universal de Derechos Humanos, sería el
núcleo de los derechos de la comunicación; pero la
defensa de éstos va más allá, en el sentido
de asegurar las condiciones para el pleno ejercicio de la
libertad de expresión, en las actuales sociedades
mediatizadas, donde el control sobre los recursos de la
comunicación está distribuido de manera bastante
desigual.
Para O'Siochrú: "Una
aproximación inicial a la meta de los
derechos de la comunicación podría expresarse
así: éstos buscan asegurar la generación de
un ciclo ponderado, creativo y respetuoso de interacción
entre las personas y los grupos en la
sociedad, que ratifique en la práctica el derecho de todos
y todas, en igualdad de condiciones, para que sus ideas sean
expresadas, oídas, escuchadas, consideradas y
respondidas".
Por su parte, Cees Hamelink (2003) establece los vínculos
entre la libertad de expresión y aspectos de otros
derechos "conexos" o "habilitadores", igualmente contenidos en
instrumentos internacionales de derechos. Estos
incluirían:
– El derecho a participar en su propia cultura, de utilizar su
lengua
materna, incluyendo las minorías étnicas,
religiosas o lingüísticas;
– El derecho a la información con respecto a asuntos de
gobierno y de
interés
público (libertad de información);
-El derecho a la protección de los intereses morales y
materiales de
los autores;
– El derecho al honor y a la reputación propia, y a la
protección contra ataques personales;
– El derecho a la privacidad;
– El derecho a las reuniones y a la asociación
pacíficas;
– El derecho a la educación primaria
gratuita y a la introducción progresiva de la educación secundaria
gratuita.
Plataforma
común
Si los derechos de la comunicación adquieren
especial relevancia hoy en día, es sobre todo por la
importancia inédita que ha ido adquiriendo la
comunicación en la sociedad actual. Factores como la
creciente influencia de los media en casi todas las
esferas de la vida -a lo cual se añade la tendencia a la
concentración de su propiedad-; o
el fenómeno de las telecomunicaciones, las tecnologías
digitales e Internet, con su potencial
democratizador de la comunicación, a la vez que sus
peligros, como la facilidad de vigilancia electrónica, hacen que los derechos
reconocidos hasta ahora en este plano, a lo mejor ya no sean
suficientes, o que surja la necesidad de nuevas garantías
y protecciones de derechos que hace poco se daban por adquiridos.
Si desde hace más de dos siglos, la definición de
derechos ha sido un proceso en evolución, no hay por qué suponer
que este proceso haya terminado.
Pero más allá de las definiciones y marcos legales,
el concepto de derechos de la comunicación nos
ayuda a reivindicar su función
social y a defender que no pueda ser tratado simplemente como un
sector más de la economía, un servicio
comercial, un negocio privado.
Si la defensa de la libertad de expresión fue articulada
sobre todo frente a la amenaza de Estados totalitarios -y su
marco legal sigue respondiendo principalmente a ésta-, hoy
conviene preguntarnos si la mayor amenaza no proviene más
bien de la concentración en grandes conglomerados
mediáticos, cuyo poder está prácticamente
por encima del Estado. Los marcos actuales de derechos
prácticamente no ofrecen ninguna protección a la
ciudadanía frente a ello.
Como señala O'Siochrú, "El peligro inminente es
que cada momento del ciclo se está atando a las
necesidades del capital y del mercado. El peligro en
última instancia es que el ciclo del proceso de la
comunicación en la sociedad sea interrumpido, que el
proceso de aprendizaje
social se haga cada vez más débil, y que al final
el proceso de la creatividad
sea transformado y reducido a la generación de ganancia a
corto plazo, en forma insostenible, para una pequeña
minoría (…) Los 'derechos de la
comunicación', como concepto y como práctica,
potencialmente tienen la profundidad y la amplitud para poder
evaluar críticamente y entender estos peligros, pero
también para ayudarnos a organizar soluciones integrales
para abordarlas".
Con miras a buscar respuestas a estos retos en América
Latina y el Caribe, diversas redes regionales de
comunicación que venían participando en la
Campaña CRIS acordaron, a partir del 1er Foro Social
Américas (Quito, julio 2004), confluir en la convocatoria
de una Campaña Continental por los Derechos de la
Comunicación.
Esta campaña, en construcción, apunta a
desarrollar acciones
conjuntas y enlazar las iniciativas aisladas, al proponer una
plataforma común para la diversidad de respuestas
ciudadanas que han ido articulándose en torno a la
problemática. Éstas incluyen, entre muchas otras, a
las redes de comunicación alternativa, comunitaria o
ciudadana, los observatorios de medios, las iniciativas de
alfabetización mediática y de
educomunicación, los defensores del lector, las instancias
de defensa de consumidores/as de medios, las luchas por preservar
la pluralidad y diversidad de medios frente a los intentos de
monopolización, aquellas por democratizar las ondas radiales,
propuestas de perspectiva e igualdad de género, las
iniciativas de periodistas por defender su rol de servicio
público ante la mercantilización de los medios,
espacios de concertación para gravitar (advocacy) en
instancias de decisión, etc.
Más allá de la dimensión mediática,
se ha identificado también a otros ámbitos
convergentes, como las luchas culturales, el movimiento del
software
libre, la defensa del acceso universal y apropiación
efectiva de las nuevas
tecnologías de información y
comunicación, la lucha frente a los derechos de propiedad
intelectual por recuperar el equilibrio entre intereses de
autores, ciudadanía y empresas, para
nombrar algunos.
Asimismo, ante la importancia de contar con actividades de
investigación que contribuyan a enfocar
nuevos terrenos y formas de acción, se apunta a estrechar
los vínculos con los investigadores e investigadoras en la
materia, como
también a la elaboración de documentos de
vulgarización de investigaciones y
actividades de intercambio entre teoría
y práctica.
Además, en el mismo sentido se inscribe el involucramiento
cada vez mayor de movimientos y organizaciones sociales cuya
agenda de luchas incorpora la democratización de la
comunicación, reconociendo su creciente importancia
estratégica, como condición fundamental que permita
"equilibrar las reglas de juego" en este
ámbito, a fin de poder disputar sentidos y proyectos de
sociedad.
Bibliografía
Aijaz, Ahmad ((2003): "Contextualizing Conflict: The US
‘War on Terrorism’", War And The
Media, Sage Publications Ltd, London, pp 15-27
Boff, Leonardo (2006): "Reelección de Lula ¿y
ahora?", http://alainet.org/active/13578⟨=es
Burch, Sally ; León, Osvaldo; Tamayo, Eduardo (2004)
"Se cayó el sistema"
Enredos de la Sociedad de la Información,
ALAI, Quito, julio
Campione, Daniel (2006): "Degradación democrática,
rebelión popular y reconstrucción de
hegemonía", http://alainet.org/active/14064⟨=pt
Casaldáliga, Pedro (2006): "Exigimos y hacemos otra
democracia", Agenda Latinoamericana-mundial
2007.
CMSI (2004): "Declaración de Principios. Construir la
Sociedad de la Información: Un desafío global para
el nuevo milenio", Documento WSIS -03, Ginebra, 12 de mayo.
CRIS Campaign Papers.http://www.crisinfo.org/
Hamelink, Cees (2003): "Human Right for the Information Society",
Communicating in the Information Society,
UNRISD, Geneva, pp 121-163.
Hernández Montoya, Roberto (2003)
Información Verás, Fondo Editorial
Question, Caracas.
IDEA: Ideas para el Desarrollo en las Américas (2005),
"Comodín: la protesta social", IDEA vol.
8, BID, Departamento de Investigación,
septiembre-diciembre, p: 7
Manifesto por uma Mídia Democrática e Independente
http://www.petitiononline.com/b1a2j3o4/petition.html
León, Osvaldo; Burch, Sally; Tamayo, Eduardo (2005):
Comunicación en Movimiento, ALAI, Quito,
abril.
León, Osvaldo; Burch, Sally (2005): "Claves para la Otra
Comunicación", América Latina en
Movimiento, 399/400, Quito, ALAI, 12 septiembre, pp
2-4..
León, Osvaldo (2002): "Hacia una Agenda Social en
Comunicación", ponencia presentada en el II Foro Social
Mundial, Conferencia: Democratización de las comunicaciones
y de los media, Porto Alegre, 3 febrero.
León, Osvaldo (1998): "Iniciativas ciudadanas por el
derecho a la comunicación", Revista
Latinoamericana de Comunicación Chasqui, No. 64,
CIESPAL, Quito, diciembre.
O'Siochrú, Seán (2005): "Los Derechos de la
Comunicación y la Campaña CRIS", América
Latina en Movimiento, 399/400, Quito, ALAI, 12 septiembre, pp
19-23.
Suárez Montoya, Aurelio (2006): "Autocrítica frente
al neoliberalismo
y TLC",
La Tarde, Pereira, octubre 3.
Osvaldo León
Director General de la Agencia Latinoamericana de
Información (ALAI), Quito-Ecuador
Ecuatoriano, estudió Ciencias de la
Comunicación (maestría) en la Universidad de
Montreal, Canadá, y Psicología
Industrial (doctorado) en la Universidad Central del Ecuador.
Actualmente es coordinador de la Agencia Latinoamericana de
Información (ALAI).
Ponencia presentada en el FORO IBEROAMERICANO DE LIBERTAD DE
EXPRESIÓN, Sesión plenaria: Derechos de
comunicación y ciudadanía, Cádiz, 18
noviembre 2006, que se realizó en el marco del IX Congreso
Iberoamericano de Comunicación.
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